Fuerza, dignidad y proporción

Sobre la intervención policial, el deber de cuidado y la necesidad de que la autoridad no se desligue nunca de la ética

En los últimos días se ha difundido ampliamente un incidente ocurrido durante una protesta docente en València. Según las informaciones publicadas, una maestra jubilada de 68 años fue empujada por la espalda por un agente durante la concentración, cayó violentamente al suelo y, después, se anunció una investigación por parte de la Delegación del Gobierno y la apertura del procedimiento para un expediente disciplinario por parte de la Policía Nacional. La afectada presentó denuncia y varios medios han recogido lesiones en la zona nasal y en la barbilla.

A raíz de las imágenes, la indignación social ha sido intensa. También se han conocido pronunciamientos sindicales policiales reclamando que no se hagan “juicios paralelos” a partir de unos segundos de vídeo y defendiendo que el contexto de una actuación debe ser valorado antes de emitir conclusiones cerradas.

El problema ético no está en que exista autoridad. El problema aparece cuando la autoridad olvida que su legitimidad depende de cuidar la vida, medir la fuerza y proteger la dignidad incluso en situaciones de tensión.

Desde el Movimiento del Amor Universal y la Magia del Ser, esta reflexión no nace contra la Policía Nacional ni contra quienes integran los cuerpos de seguridad. Sería demasiado fácil y demasiado pobre reducirlo todo a un bloque de culpables y otro de inocentes. No se trata de eso. Se trata de algo más serio: recordar que una fuerza del orden no puede separarse de una ética del cuidado, de la contención y de la proporcionalidad.

La función de las fuerzas de seguridad no es machacar al pueblo, sino protegerlo. No es imponer miedo como método de relación con la ciudadanía, sino garantizar convivencia, seguridad y respeto al marco común. Y precisamente por eso una actuación que parezca desproporcionada, innecesariamente violenta o insuficientemente calibrada no puede ser normalizada sin más, aunque existan órdenes previas o un contexto operativo que deba analizarse. La orden puede existir; la conciencia no debería desaparecer.

Aquí conviene hacer un matiz esencial. La ética no exige ignorar el contexto. Si una vía debe despejarse, si existe riesgo vial, si hay una instrucción operativa y si los agentes tienen que prevenir males mayores, ese contexto debe ser examinado. Negarlo sería infantil. Pero reconocer el contexto no obliga a justificar automáticamente cualquier modo de intervenir. Entre la ausencia de criterio y la brutalidad hay un campo intermedio que se llama proporcionalidad.

La orden no sustituye al juicio ético

Cumplir una instrucción no debería equivaler a vaciar la conciencia. En una sociedad digna, la fuerza legítima debe ir acompañada de cálculo, prudencia, lectura del riesgo real y respeto a la fragilidad humana concreta que hay delante.

El Fundamento del Amor obliga aquí a hacer la pregunta decisiva: ¿qué cuida la vida y qué la daña? Si una intervención resuelve una situación menor generando un daño corporal, una humillación pública o una sensación de arbitrariedad, hay una pregunta ética que no desaparece por mucho que se invoque la obediencia, el protocolo o el nerviosismo del momento. Puede haber razones operativas. Lo que no debería borrarse es el deber de revisar si el modo de actuar fue el más adecuado para proteger la dignidad de la persona y el equilibrio de la situación.

Desde este punto de vista, el vídeo no debería utilizarse ni para alimentar odio contra la Policía ni para blindar corporativamente cualquier actuación como si toda crítica fuese un ataque a la institución. Ambas reacciones empobrecen. Una convierte el hecho en combustible para la rabia. La otra convierte la institución en un espacio inmune a la autocrítica. Y ninguna ayuda a mejorar.

La Magia del Ser propone otra vía: la capacidad de detener el reflejo, mirar con verdad, no mentirse y no convertir la defensa automática de lo propio en un muro contra la conciencia. Eso vale para un ciudadano, para un manifestante, para un sindicato, para un gobierno y también para un cuerpo policial. Una institución que no revisa sus desproporciones se aleja de su función de servicio. Una sociedad que convierte toda crítica en linchamiento tampoco madura. Lo difícil y lo fértil está en medio: examinar, discernir, corregir y aprender.

Una democracia sana no necesita policías humillados ni ciudadanos humillados. Necesita instituciones fuertes, sí, pero también suficientemente lúcidas como para corregirse cuando la fuerza deja de ser servicio y empieza a parecer dominio.

En este caso, el dato de que se haya anunciado una investigación y un expediente disciplinario ya indica que no todo puede despacharse como normalidad rutinaria. Si no hubiera nada que revisar, difícilmente existiría ese paso institucional. Eso no equivale a una condena definitiva del agente ni a un juicio completo sobre toda la secuencia, pero sí muestra que la propia estructura del Estado ha visto razones para examinar lo sucedido.

Y ese examen debería servir para algo más que para apagar el incendio mediático. Debería abrir una reflexión de fondo sobre cómo se forman, se instruyen y se acompañan las intervenciones policiales en escenarios de protesta. Qué lugar ocupa la lectura proporcional del riesgo. Cómo se protege a personas vulnerables o de mayor edad. Cómo se evita que una orden legítima desemboque en una ejecución torpe, brusca o degradante. Cómo se recuerda, en definitiva, que la autoridad no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del bien común.

Lo que debería exigirse éticamente

• Investigación real y no meramente cosmética de lo ocurrido.
• Evaluación de la proporcionalidad de la actuación en relación con el riesgo existente.
• Protocolos claros para minimizar daño físico evitable en contextos de protesta.
• Formación y refuerzo de criterios de contención, prudencia y lectura humana de la escena.
• Capacidad institucional de reconocer errores sin convertir la autocrítica en debilidad.
• Defensa de la dignidad ciudadana sin demonizar a todo un cuerpo policial por una actuación concreta.

Nada de esto es ingenuo. Nada de esto significa desarmar a la autoridad o negar la complejidad del orden público. Significa algo más exigente: que la fuerza legítima solo conserva legitimidad si no se separa de la humanidad. Que la ley no puede actuar como coartada para el daño gratuito. Que la obediencia no puede sustituir a la inteligencia moral. Y que una democracia adulta debe saber sostener al mismo tiempo el respeto por quienes protegen la convivencia y la crítica firme cuando una actuación parece dañarla.

El movimiento no propone blandura. Propone conciencia. No propone permisividad absoluta. Propone medida. No propone el descrédito sistemático de las instituciones. Propone que las instituciones recuerden para qué existen. En una sociedad saturada de reflejos corporativos y de indignaciones inmediatas, quizá uno de los mayores actos de madurez sea precisamente este: defender la dignidad humana sin caer ni en el odio ni en la excusa automática.

Si queremos una nueva humanidad, esa nueva humanidad también tiene que notarse en cómo intervenimos, en cómo regulamos la fuerza, en cómo cuidamos a quien protesta y en cómo revisamos la violencia cuando asoma. El cambio de paradigma no empieza solo en grandes manifiestos: empieza también en la forma concreta en que un cuerpo armado se relaciona con una mujer indefensa, con una ciudadanía movilizada o con una escena de tensión limitada.

La autoridad que cuida la vida se dignifica. La fuerza que olvida la proporción se degrada. Y una sociedad ética no encubre la violencia: la revisa, la corrige y la trasciende.